• Publicidad

  • Publicidad

  • Recetas por raciones

  • Pulseras solidarias

  • Consultorio online

  • Hazte voluntario

  • Introduce tu e-mail para recibir diariamente las últimas novedades.
    Según LOPD.

    Únete a otros 15.963 seguidores

  • Últimos Tweets @diabetesmadrid

  • Fotos de Flickr

La Comunidad de Madrid renuncia a la privatización de hospitales

hospital-infanta-leonor-vallecas-300x225El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado que cancela el proceso de privatización de hospitales que ha provocado el rechazo social y que ha sido frenado en los tribunales. Además, ha explicado que hoy mismo ha aceptado la renuncia de su máximo responsable, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty.

Cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid habían rechazado esta misma mañana el recurso del Gobierno de la Comunidad de Madrid y mantienen suspendida la privatización de seis hospitales. El Ejecutivo de Ignacio González (PP) había solicitado que se retirara esa medida cautelar impuesta por la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSJM pero los jueces no han atendido a sus peticiones.

Los hospitales seguirán gestionados sanitariamente por la Consejería de Sanidad y no por los contratistas a los que ésta había adjudicado su dirección médica.

“El Gobierno ha decidido dejar sin efecto el proceso de externalizacion de la gestión de hospitales a la vista de las decisiones tomadas por los tribunales”, ha comenzado González. “Como siempre hemos dicho, acatamos y cumplimos los fallos judiciales con independencia de que estemos más o menos de acuerdo, como en este caso.

“No parece razonable”, aseguró el presidente madrileño, que la adopción de una medida cautelar lleve siete meses  “generando una situación de incertidumbre y de falta de seguridad”. También ha defendido el modelo privatizador. “Este es un modelo de gestión legal y posible, está contemplado en la ley y está siendo aplicado por todas las administraciones públicas”. Y ha ido más allá: “En Madrid tenemos cuatro hospitales que siguen siendo públicos y garantizando una atención gratuita y de la máxima calidad” aunque no están gestionados directamente por la Consejería de Sanidad.

Aunque ha asegurado que la externalización “nos permite hacer sostenible” el sistema sanitario, no ha explicado claramente cómo afectará esta decisión a los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Sólo ha adelantado que tendrán que “tomar más decisiones tendientes al ahorro”.  Y quiso dejar claro que el de la sostenibilidad era el “unico objetivo con el que pusimos en marcha estas y otras medidas”.

Lasquetty, el gran perdedor

“Ha sido un consejero estupendo”. Las palabras de Ignacio González sonaron a sentencia. Un breve resumen de las capacidades y logros de Javier Fernández Lasquetty acompañó al anuncio de la dimisión del polémico consejero de Sanidad madrileño.

“Yo fui quien propuso este proyecto y las circunstancias lo han hecho imposible, es bueno asumir la responsabilidad de no haberlo logrado”, ha asegurado Lasquetty. Sobre todo un proyecto “que ha generado un grado alto de debate”, abundó. Por eso, resumió, “dimito por rectitud y sentido de la responsabilidad”

En cuanto a las concesionarias, el presidente aseguró que no está previsto que se les ofrezca ningún tipo de indemnización. “Una suspensión es eso, una suspensión. Todos tenemos que acatar las decisiones judiciales”.

El reemplazo de Lasquetty es Javier Rodríguez Rodríguez, doctor en Medicina y catedrático de Medicina de la Universidad Complutense, que ha hecho buena parte de su carrera en el hospital Gregorio Marañon. Lasquetty, por su parte, continuará como diputado en la Asamblea de Madrid.

El futuro político de Ignacio González protagonizó varias de las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa convocada de urgencia por el presidente autonómico. González atajó las insinuaciones sobre las posibles consecuencias que esta decisión podría comportarle en lo personal. “Esto no es un fracaso” aseguró, tajante. “Simplemente se ha abierto un debate”. Además, se encargó de destacar que este varapalo judicial no afecta su proyecto político. “Mi proyecto es salvaguardar nuestro magnífico sistema sanitario”, zanjó. Y ante la posibilidad de llevar nuevamente este proyecto a las próximas elecciones, no quiso pronunciarse. “No, no es el momento”

La batalla legal

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contrató un bufete de abogados para tramitar la oposición en los juzgados. 50 diputados regionales del Partido Socialista de Madrid presentaron un recurso similar al de los médicos, pero los jueces entendieron que no estaban “legitimados”. Esa medida también está recurrida. También medio centenar de senadores del PSOE presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que permitía abrir el proceso administrativo de privatización. El TC lo admitió a trámite el 23 de abril de 2013, pero esto no conllevaba medidas cautelares porque sólo surten efecto inmediato cuando el que presenta el recurso es el Gobierno central (como en el caso del euro por receta, cuya reclamación por parte de Mariano Rajoy paralizó la tasa en Madrid y Cataluña).

Estas causas fueron derivadas a la supersala para que las resolvieran en conjunto 50 jueces del Tribunal Superior de Justicia, pero una vez reunidos decidieron devolver las causas a las respectivas salas a las que habían sido asignadas.

Además de esta batalla en el Tribunal Superior de Justicia, el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Madrid tiene abierta una causa por la querella presentada por la AFEM contra un proceso anterior de privatización de centros sanitarios similar al actual (aunque de menor escala) y por el que están imputados los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, así como la actual viceconsejera, Patricia Flores, y el director de Atención Especializada, Antonio Burgueño.

Fuente: eldiario.es

Una respuesta

  1. Simplemente para agradecer el esfuerzo realizado por quienes han hecho una defensa cuasinumantina de nuestro cada vez más debilitado modelo sanitario público:

    Esta sentencia da la razón de forma momentánea a quienes defienden una sanidad pública y realmente universal en contraposición al otro modelo sanitario de carácter privado y que se ajusta a criterios de relación coste-beneficio, donde se penaliza a los pacientes crónicos y a quienes carecen de recursos económicos suficientes con los que hacer frente al pago de los respectivos seguros médicos y que gracias al post colgado en facebook y en esta misma página editado por esta Asociación, tod@s podíamos contrastar.

    Ha habido en todo este largo, duro y muchas veces ingrato proceso de defensa por la sanidad pública de la casi totalidad del colectivo médico y de los agentes sociales más otras plataformas ciudadanas comprometidas con el modelo sanitario creado en los años 80, muchos sinsabores y alguna que otra deserción y medida de presión no sólo desde el punto de vista político (por parte de las medidas privatizadoras impulsadas por la Comunidad de Madrid inspiradas en la Ley 15/97de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, y.que se remontan no lo olvidemos al año 2004 en el que Esperanza Aguirre presentaba el I Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007, que anunciaba a bombo y platillo la apertura de 8 hospitales privados -7 modelo PFI – Arganda, Aranjuez, Coslada, Parla, San Sebastian de los Reyes, Vallecas, Majadahonda- y uno modelo PPP – Valdemoro-, lo que conllevaba el consiguiente cierre de camas públicas), sino lo que sinceramente es más paradójico, por parte de colectivos que supuestamente se suelen arrogar una posición “imparcial” o puramente corporativista o “apolítica” en la opción por uno u otro modelo (los Colegios oficiales y las sociedades científicas de atención primaria elaboraban, con la Consejería el “plan de Mejora de Atención Primaria” 2006-2009, en el que entre otras cosas, se establece la introducción de formas de gestión privadas (EBAS …), a lo que hay que añadir una presión de ciertos lobbys sanitarios realmente depredadora, puesta en evidencia tras la concesión cuanto menos poco ética del sr Güemes que tras dimitir de forma inesperada de su puesto como consejero de Sanidad y a pesar de cumplir con la ineficiente y endeble Ley de Incompatibilidades, se hizo cargo de la gestión de un laboratorio médico (Unilabs), la empresa adjudicataria de los análisis clínicos de seis hospitales públicos, 49 centros de salud, 107 consultorios y 100 residencias de la Comunidad de Madrid que él mismo adjudicó cuando era consejero, todo un ejemplo de transparencia y ética pública. Han tenido que ser algunos medios de comunicación una vez más quienes pusieron en evidencia la cada vez más frágil coherencia entre lo que algun@s llaman “libre mercado” sin “ayudas ni injerencias públicas” y la cruda realidad, aquella que lleva a desnudar las más profundas contradicciones humanas, donde se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas por parte de la administración pública, ya sea en este o en otros ámbitos y esferas de la vida, pero esto aunque en el fondo tiene un mismo origen, requeriría otro análisis aparte.

    En esta cronología de sucesos no lo olvidemos se ha podido constatar los intentos opacos y nada transparentes en muchas ocasiones de esa misma Consejería en sus respectivas legislaturas en su intento por convertir en un nuevo modelo de negocio (una vez desinflado el modelo de negocio asociado al ladrillo y a su especulación) la sanidad pública madrileña (reproduciendo el discurso impartido por el exconsejero de Sanidad, Güemes en el hotel Ritz en 2007 que presentaba a las empresas allí congregadas las oportunidades de negocio que suponía el II Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011), a expensas de un modelo sanitario público y universal consagrado en nuestra Constitución en su artículo 41, y que con las recientes “reformas estructurales” en materia sanitaria se ha visto seriamente recortado cuando no desvirtuado (ya ha dejado de ser universal), sobra hacer comentario alguno respecto a ello porque simplemente basta leer, ver o escuchar algunos medios de comunicación para conocer la profundidad y verdadera realidad del mismo.

    No obstante, esta sentencia no me cabe duda que es sólo un obstáculo en el camino, sólo es cuestión de tiempo que se vuelva a afrontar otra medida privatizadora, ya que forma parte indisociable (esto es pura teoría económica) del modelo neoliberal que comporta estos modelos sanitarios privados y que se lleva intentando implementar desde hace una década al menos en la Comunidad de Madrid ya sea a gran escala (privatización de la gestión de hospitales públicos), ya sea a menor escala (privatización de los servicios auxiliares y de la red de centros de Atención Primaria), pero a la vez nadie puede cuestionar que sus efectos sobre la salud pública son bastante desiguales cuando no profundamente negativos, pues los criterios puramente economicistas (reducción de “costes” sanitarios) redundan a la larga en un peor tratamiento y seguimiento de la patología por parte de pacientes crónicos entre los que se incluyen los pacientes diabéticos, pues no cabe olvidar que debido a la carestía que para determinados colectivos de pacientes suponen determinados medicamentos (los que acrecen de menos recursos o los que en edad de jubilación cobran pensiones más reducidas), se han observado casos relatados por los propios médicos (y que conocemos de forma directa o indirecta) sumados a esta lucha titánica de estos últimos años, en los que debido a la escasez de recursos de dich@s pacientes, han abandonado su tratamiento porque se encontraban en casos de exclusión social dado que ya carecían de ingreso alguno o se encontraban en situación “irregular” (sí las patologías siguen su curso, mucho más allá de la situación laboral de ciertos colectivos, sólo basta con echar un vistazo en quienes nos guste o no han supuesto y suponen una parte esencial del 25% de economía sumergida que ha tenido y tiene nuestro país, ya sea en la construcción, ya sea en otros sectores).

    Esto por tanto va mucho más allá de cualquier credo partidista, tiene que ver con la ética más elemental que vela por el respeto por los derechos humanos y por la integridad física y psíquica, aquella que lleva a priorizar el cuidado de la salud por encima de criterios puramente economicistas o lucrativos, esta sentencia por tanto supone un pequeño hálito de esperanza (aunque tenue dadas las circunstancias que nos rodean, marcadas por una polarización social cada vez más creciente y una cierta anestesia colectiva), para quienes desean una salud pública y universal sostenible sí pero realmente pública (para tod@s sin importar la condición social o el poder adquisitivo de cada un@, y que en otros ámbitos como en el del rescate de las entidades financieras ni siquiera se ha cuestionado el desembolso vía incremento de impuestos que se ha tenido que desembolsar), que no lo olvidemos pagamos con nuestros impuestos (salvo aquellos mismos que no pagan los mismos quienes luego son la vanguardia de los ideólogos que suelen defender en los medios de comunicación afínes el modelo lucrativo alternativo), y que dados los tiempos de crisis de todo tipo que padecemos (moral y social que se haya tenido que llegar a este extremo de interponer varios recursos judiciales para defender lo que era un modelo de referencia en todo el mundo da una idea de los tiempos que vivimos), no deja de ser un peuqeño reflejo de luz en medio de ese agujero negro en que nos encontramos, donde tener una dolencia crónica es un peaje o un impuesto que se ha de pagar (que se lo digan a los pacientes con dolencias crónicas, entre las que se incluyen el cáncer a los que se les ha intentado cobrar los medicamentos que se prescribían mientars estuvieran hopsitallizados) o donde como recientemente hemos podido ver en palalbras de un ministro, tener derecho a la vida está vinculado a criterios, también, puramente económicos (la tasa de natalidad como un recurso financiero público más).

    Enhorabuena por tanto a tod@s los que se han movilizado por los derechos de tod@s por que por una vez (y que esperamos que sirva de precedente, lo contrario es otra profunda contradicción ética, de las muchas que desgraciadamente nos rodean en ocasiones) se ha apelado a la cohesión de colectivos profesionales, ciudadanos y sociales tan diferentes y heterogéneos como el médico (tan distanciado tradicionalmente de este tipo de movilizaciones, como recordaba hoy un medio de comunicación), y los ya habituados y comprometidos con este tipo de causas, las plataformas ciudadanas como CAS (Coordinadora Anti Privatización de la Comunidad de Madrid), y los diferentes agentes sociales y partidos de Oposición que han paralizado aunque sea sólo de forma momentánea dichos procesos, especialmente heróicos en los tiempos que corren cuando el modelo social que las generaciones anteriores crearon y que las posteriores habíamos podido consolidar se está resquebrajando, y cuyas causas desgraciadamente no son sólo partidistas o políticas, sino que son mucho más profundas y que tienen que ver con la falta de cohesión social y la desvalorización de todo lo público como un bien o servicio a salvaguardar de intromisiones interesadas o puramente lucrativas y que nadie debería despreciar o dilapidar, ya que es el único instrumento posible de equiparar en lo posible las cada vez más agudas, y crónicas condiciones desiguales de vida.

    Salud para tod@s y felicidades por el post.

Los comentarios están cerrados.

A %d blogueros les gusta esto: